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Inspección del gas al Supremo.

Conaif ha llevado la Inspección del gas al Supremo mediante un recurso contencioso-administrativo en la que la asociación nacional de instaladores pone de manifiesto su descontento ante las medidas tomadas en el Real Decreto 984/2015 de 30 de octubre.

Revisiondecalderas

La noticia de la Inspección del gas al Supremo saltaba en el diario digital Eleconomista.es el pasado 14 de enero, haciéndose eco de este recurso ante el Tribunal Supremo que ha sido admitido a trámite.

El RD 984/2015, aprobado recientemente, establecía una nueva regulación del mercado organizado de gas que desde Conaif se entiende que es insuficiente y discriminatoria en algunas partes.

Conaif agrupa a más de 20.000 empresas y unos 150.000 instaladores en toda España que esperaban que la liberalización en las inspecciones del gas de los 5 años, que hasta ahora sólo podían realizar las compañías suministradoras, pudiera ser una nueva fuente de ingresos en un mercado libre.

Los puntos de controversia que han llevado la Inspección del gas al Supremo son:

1-Las compañías distribuidoras de gas, que hasta la nueva normativa tenían adjudicado por zona la realización de la inspección del gas de los 5 años, disponen de información extra y clave sobre los puntos de suministro y usuarios que suponen una ventaja competitiva frente a las empresas instaladoras. Esto se manifiesta en la facilidad que tiene la distribuidora para realizar las inspecciones de forma agrupada por calles y zonas, lo que conlleva ahorro de costes y una operativa planificada en cuanto a recursos humanos, técnicos y económicos. Los instaladores, al no disponer de esa información requieren ingentes dosis de investigación de mercado para captar clientes potenciales.

2-Según recoge la norma, las distribuidoras deben comunicar a sus usuarios de gas la obligación de realizar la inspección de los 5 años y ofrecer la oportunidad de hacerlo con la empresa instaladora que deseen o bien seguir haciéndolo con la distribuidora. Los instaladores piensan que esa información podría estar mediatizada.

3-Otro de los elementos importantes es la fórmula que se ha establecido para la facturación, de manera que el instalador realiza la actuación en el domicilio y debe registrarla en un programa informático que las suministradoras deben poner a disposición de los instaladores. Una vez registrada la actuación, la distribuidora informa a la compañía comercializadora que factura el gas al cliente para que incluya el precio de la inspección en la próxima factura del cliente. El cliente abona la cantidad a su compañía comercializadora y ésta abona la cantidad a la suministradora, que a su vez ingresa al instalador el precio de la misma. Por tanto, el instalador no puede cobrar directamente su trabajo y debe esperar en el mejor de los casos un mes hasta poder recibir su cantidad.

INSPECCIÓN DEL GAS AL SUPREMO, A LA ESPERA DE SOLUCIONES

Llevar la Inspección del gas al Supremo supone una gran esperanza para los instaladores, pues si finalmente se modifican los puntos de conflicto pueden generar oportunidades de negocio muy importantes para un sector que necesita “balones de oxígeno” para poder continuar con su actividad, además de ser un empuje en el aumento del empleo.

La liberalización del sector debe ser una realidad como en otros sectores como las telecomunicaciones que permiten al usuario la libre elección de compañía y no ser clientes cautivos.